Editorial
La decisión del bloque independentista del Parlament de querer aprobar una declaración «solemne» de inicio del proceso de secesión y de desobediencia al Tribunal Constitucional ha generado la más que previsible reacción del resto de las fuerzas políticas. Mariano Rajoy ha estado acertado al decidir que la respuesta a Junts pel Sí y la CUP tenía que ser lo más amplia y acordada posible, y no una limitada réplica legal del Gobierno. Así, el presidente se ha reunido ya con los líderes del PSOE (Pedro Sánchez), Ciudadanos (Albert Rivera) y Podemos (Pablo Iglesias), y continuará con representantes de partidos minoritarios -incluido Duran, de Unió-, además de sindicatos y otras instituciones. Un mes después de las elecciones catalanas, la debilidad de la posición de Artur Mas para revalidar la presidencia de la Generalitat le está llevando a dar pasos muy peligrosos y poco ajustados a las normas democráticas.
En este contexto, la confluencia del máximo de partidos en la respuesta al independentismo ha de permitir que se evidencie la solidez de quienes defienden el respeto a la legalidad, aunque propongan cambiarla. No se trata, por descontado, de organizar un frente anticatalán, ni siquiera contra el independentismo como opción política, si no contra quienes no respetan las reglas. La coincidencia entre Rajoy, Sánchez y Rivera se ha evidenciado mucho mayor que con Iglesias. Hoy el debate no está tanto en si se cree que hay que defender el derecho a decidir de Catalunya y marcar todas las distancias con el PP si no en mantener una mínima coincidencia en el respeto al Estado de derecho.
Pero junto a esta reafirmación y a la condena de las acciones unilaterales, hay que insistir en que la cuestión catalana no puede resolverse exclusivamente con la apelación a la ley vigente. Más que nunca es necesario el diálogo, antes y después de las elecciones generales del 20-D. Hace un mes, tras los comicios catalanes y a la vista del resultado, planteamos a los líderes de las cuatro principales fuerzas políticas españolas del momento (los que se han reunido estos días) que procuraran consensuar una mínima propuesta de diálogo ante el problema catalán para tratar de reconducir el conflicto y evitar que se conviertiera en arma arrojadiza durante la campaña. Las leyes están para ser respetadas, pero son modificables y, en ocasiones, es urgente hacerlo.
El Periódico.-
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