6 MARZO 2020
"Dragados indemniza con 330.000 euros al Consistorio al rescindir el Contrato". Con este titular daba cuenta el Periódico de Aragón de lo acordado en el Consejo de Administración de la Sociedad para la Rehabilitación de la Vivienda de Zaragoza, S.A. De ahí, entendemos que la compañía constructora no indemniza sino que el Ayuntamiento se queda con el aval bancario (269.750 €) y las retenciones del 5 % (63.560 €).
Expresado lo anterior, por unanimidad del referido Consejo de Administración, se ha rescindido el contrato correspondiente a los pisos que habrían que haberse terminado y entregado el pasado mes de julio de 2019, y con ello, se evita la vía judicial, pero se vuelven a licitar las obras.
Pues bien, la indemnización de 330.000 € llama poderosamente la atención con respecto a la propuesta presentada por la Gerencia de la sociedad municipal que proponía INCAUTAR las garantías prestadas a Dragados. Un montante que queda muy lejos de lo que al final recibirán las arcas públicas por parte de esa empresa que solo ha ejecutado el 22,61 % de los trabajos y que va a marcharse de rositas de este negociado (aplausos y vuelta al ruedo). ¡ Maravilloso !
Se supone que informarán a la Junta de Distrito municipal del barrio Las Fuentes respecto del por qué de esta Resolución del Consejo de Administración. Quedan muchas cuestiones en el aire ¿transparencia? ¿qué ha pasado con el incumplimiento culpable de la contratista? ¿ha incurrido en un retraso irrecuperable e injustificado respecto al plan de obras previsto?...
Estaba claro que no cabía una resolución de mutuo acuerdo, pero a la vista de la Resolución, se alcanzo un acuerdo entre las partes y que ha sido el más desfavorable para los intereses generales de los ciudadanos/as zaragozanos. No nos basta con finalizar el contrato y alcanzar un acuerdo transaccional para evitar posibles acciones judiciales. Por ello, queremos y debemos saber por qué no se han tenido en cuenta los daños causados, que podían ascender a la cantidad de 1.100.000 euros y, tampoco, se le ha impuesto a la contratista la penalidad establecida de 96.000 euros por el retraso final injustificado.
Al final, en estos circuitos, siempre pagamos los mismos. ¡Justicia Social! Comiencen por lo más simple y sencillo que es informar y dar cuenta a los vecinos y vecinas, acercándose a la Junta Municipal de Distrito por ser el lugar democrático donde están representados los intereses generales del barrio, y con ello, por lo menos dan la cara.
