EDITORIAL
La vuelta a la legalidad en Cataluña.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, repitió en varias ocasiones ayer que la aplicación del artículo 155 de la Constitución tal y como la ha dispuesto el Gobierno con el apoyo del PSOE, y a falta del trámite del Senado, no supone la suspensión del autogobierno de Cataluña. Tiene razón, pero la destitución del presidente de la Generalitat, y del Govern en pleno y la limitación de poderes del Parlament pone sin duda en jaque la autonomía. Un portazo merecido y proporcional a la insumisión independentista, puesto que pensar que ese artículo podía aplicarse a medias, o por fases, o como una suerte de intervención quirúrgica, era una quimera. Era la hora de parar el intento de independencia respetando la ley y removiendo a los sedicentes de sus cargos utilizando precisamente el ordenamiento constitucional del Estado. Además del control de la Generalitat, Rajoy se arroga la potestad del president de la Generalitat de convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses, siempre y cuando así lo considere, ya que la intervención podrá ser prorrogada. Otras medidas decididas incluyen obligar a los medios de comunicación públicos a que emitan «una información veraz, objetiva y equilibrada» y duras consecuencias —desde laborales a penales— contra los funcionarios que no cumplan.
La irresponsabilidad del bloque secesionista ha llevado a la intervención de la autonomía, pero la aplicación práctica del amplio paquete de medidas decidido por Rajoy aún no ha comenzado. Ayer, decenas de miles de personas se manifestaron en la calle, primera expresión de la que sin duda es un firme rechazo de amplios sectores de la sociedad catalana, como demuestra la rebelión en el PSC.
En su respuesta institucional, Carles Puigdemont fue muy duro con Rajoy, pero no hizo referencia directa a una DUI y volvió a escudarse en su palabrería habitual. Para que el 155 entre en vigor es necesaria una tramitación de varios días en el Senado. Nada irreparable ha ocurrido aún, pues, más allá del daño ya infringido.
El regreso de las instituciones de la Generalitat a la legalidad es, hoy, la única hoja de ruta posible, y cabe exigir a todos que se apliquen a ello. Comenzando por un presidente de la Generalitat que utiliza la calle como escudo pero que se ha quedado sin tiempo.
El Periódico
