El deber del ministro

Se entiende la solicitud de dimisión del titular del Interior, aunque solo sea por un acto de negligencia injustificable.



Jorge Fernández Díaz, durante la comparecencia
/ALVARO GARCIA

     El ministro del Interior justificó ayer haber recibido en su despacho al exvicepresidente Rato, imputado por varios delitos, a petición de este y por un motivo relacionado con su seguridad personal tras haber sido objeto de amenazas en las redes sociales. La oposición no le creyó y exigió su dimisión. La explicación del ministro no solo estuvo carente de precisiones, sino del más mínimo sentido de la lógica. Además, dejó en el aire una duda de gran importancia: Jorge Fernández Díaz dijo que al recibir a Rato se había limitado a cumplir con su deber; nosotros le añadiríamos: ¿su deber con quién? Es posible que hablasen de seguridad, pero no se entiende por qué entonces no se mencionaba en la nota oficial del Ministerio difundida al conocerse el encuentro, en la que se decía que en la reunión se había hablado de asuntos “exclusivamente personales” y “completamente al margen de su situación procesal”. El propio Rato declararía ese mismo día que entre los temas tratados estaba “todo lo que me está pasando”, expresión que solo podía referirse a su situación procesal. Se entiende, por tanto, la solicitud de dimisión del ministro, aunque solo sea por un acto de negligencia injustificable.

 

     La oposición también rechazó el argumento de que la investigación policial dependía de la autoridad judicial. La del blanqueo la lleva una unidad de la Guardia Civil, la UCO, que depende de Interior. Rodrigo Rato es una personalidad relevante por su pasado pero es también un imputado. El ministro no podía ignorar esta segunda dimensión ni dejar de prever los efectos que provocaría su deferencia, si trascendía. Es esa imprudencia política lo que ayer debía juzgar la comisión de Interior. Pero la sesión vino precedida de la presentación por los socialistas de una denuncia contra el ministro por prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos, a lo que respondió el Ministerio anunciando una posible querella contra el PSOE por denuncia falsa, injurias y calumnias.

 

     La judicialización de la política tantas veces denunciada por quienes siguen practicándola brilla a gran altura en ese empate. Lamentable. Llevar el asunto al terreno penal permite esquivar el reproche político y transmite la idea de que los tribunales tienen más credibilidad que las instituciones representativas para zanjar debates políticos.

 

Editorial de El País