La financiación de las pensiones será el gran problema de la legislatura.
Los preocupantes acontecimientos que rodean el sistema español de pensiones están pasando casi inadvertidos debido a la efervescencia de la campaña electoral y a la sensación de falsa tranquilidad que produce el que el Gobierno haya dado por resuelto el problema de las prestaciones con una reforma parcial y a todas luces insuficiente. Pero el hecho es que los ciudadanos mantienen un elevado grado de inquietud por sus pensiones, que además consideran insuficientes, y que algunas decisiones políticas recientes, como la retirada de 7.750 millones del Fondo de Reserva, confirman que el sistema necesita un nuevo modelo de financiación que garantice los derechos presentes y futuros de quienes dependen de él.
Cualquiera que sea el resultado de las elecciones del 20 de diciembre, la financiación de las pensiones se va a convertir en el gran debate económico de la próxima legislatura. Cuanto antes se acepte que la reforma de las pensiones aprobada por el PP no resuelve los problemas de fondo ni a medio plazo del sistema, antes se podrá iniciar un debate sobre el procedimiento para proporcionar financiación suficiente y estable al sistema.
El problema es grave, pero para resolverlo es obligado no caer en la confusión. El vaciamiento de la llamada hucha de las pensiones (un fondo de reserva dotado con 66.000 millones, del cual quedan hoy aproximadamente 35.000) está originado por el impacto inmediato de la recesión económica, el hundimiento del empleo y la caída de la protección social a los parados (en cuanto se deja de percibir una prestación, se acaba la cotización del desempleado).
Sobre este problema pesan al menos otros dos de singular gravedad. El demográfico y estructural se resume en que el aumento continuado de la esperanza de vida después de la edad de jubilación está erosionando la sostenibilidad del sistema. Como tampoco se consiguen grandes resultados en la creación de puestos de trabajo estables, a pesar de que buena parte de las políticas de estímulo de empleo se financian a cargo de la Seguridad Social, el resultado es una relación cada vez más desfavorable entre el número de cotizantes y el de perceptores. El esperado aumento del empleo aliviará sin duda la situación financiera, pero seguirá sin resolver la cuestión principal, que es la ampliación de la esperanza de vida y, por lo tanto, de las prestaciones.
Para que las pensiones dejen de ser un problema recurrente, resuelto con parcheados de incierto futuro, es obligado un debate público entre las fuerzas políticas y los agentes económicos sobre la base de que el sistema necesita nuevas fuentes de ingresos, y que la solución tiene que ver también con el gasto, y que probablemente haya que contar con modificaciones legales que eleven la edad de jubilación y desactiven las cargas tributarias sobre los jubilados que trabajan. Hay que valorarlo todo y decidir si hay que aumentar la financiación presupuestaria, si es preferible recurrir a la imposición indirecta o a nuevos tributos finalistas. Este es un debate que concierne a toda la sociedad y, desafortunadamente, ya se ha orillado durante demasiado tiempo.
El País.
